Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Justicia, una propuesta que busca redefinir competencias del Ministerio Público y establecer una estructura especializada bajo el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, presentada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Venerado Castillo, establece que el nuevo Ministerio asumirá funciones administrativas, forenses, penitenciarias y registrales, que actualmente están bajo la responsabilidad del Ministerio Público.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la gestión del sistema penitenciario, el registro de documentos oficiales y notariales, la representación judicial del Estado, y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
El proyecto contempla la creación de cinco viceministerios, cada uno con funciones específicas:
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Atención y Colaboración al Sistema de Justicia
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Representación Judicial y Extrajudicial
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Derechos Humanos
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Políticas Penitenciarias y Correccionales
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Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía
El nuevo Ministerio será un órgano de planificación, dirección y ejecución, sin interferir con la independencia de otros poderes del Estado. Su titular será designado por el Presidente, así como sus viceministros, quienes deberán cumplir requisitos técnicos y académicos específicos.
Uno de los objetivos centrales del proyecto es abordar el deterioro del sistema penitenciario, que, según los proponentes, responde a la falta de una gerencia especializada. Para esto, se establece la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, con autonomía financiera y técnica.
También se integrará un Centro de Investigaciones Jurídicas, responsable de producir estudios y datos estadísticos vinculados al quehacer institucional.
El nuevo Ministerio se encargará de representar judicial y extrajudicialmente al Estado, coordinará con la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, y establecerá procedimientos de notificación y defensa en casos de arbitraje comercial.
Con su implementación, se modificarán ocho leyes vigentes, entre ellas la Ley Orgánica del Ministerio Público, la del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y la Ley del sistema penitenciario.
La propuesta ha generado debate, especialmente por parte de algunos fiscales que cuestionan la separación del auxilio forense y otros servicios esenciales. Sin embargo, los autores sostienen que el nuevo Ministerio contribuirá a una mayor eficiencia y especialización del sistema de justicia.
